• La portavoz municipal, Débora García, explica también que “Cs pide prorrogar las exenciones de la tasa de terrazas y de los marchantes” y que “el personal municipal de atención al público lleve mascarillas transparentes homologadas

Reus, martes 22 de septiembre de 2020. “La ocupación ilegal de viviendas es un problema grave en Reus y, por ello, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos hemos reclamado, a través de una moción, un plan municipal específico que permita al ayuntamiento luchar de forma más eficaz contra esta práctica ilegal”. Así lo ha asegurado la portavoz municipal de Cs en Reus, Débora García, durante una rueda de prensa esta mañana. “Son muchas las zonas de Reus afectadas y, para poner fin a la situación actual, la administración local, la más cercana a los ciudadanos, debe actuar y presionar”, ha añadido.

García ha explicado que, entre las medidas concretas que incluye el plan planteado por Cs, está “el asesoramiento y orientación jurídica a los afectados por las ocupaciones para que puedan recuperar su casa y la elaboración de un censo en el que se indique si el tipo de ocupación es para fines delictivos o por necesidad y se haga un seguimiento de la misma”. Además, el documento contempla “el refuerzo de la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas ya afectadas por el problema de la ocupación y la creación de una unidad de la Guardia Urbana destinada a la prevención, control y seguimiento de los inmuebles ocupados o susceptibles de ocupación”, según García.

Por otra parte, en el pleno de la próxima semana Cs pedirá al equipo de gobierno que “prorrogue las exenciones de las tasas de ocupación de terrazas y de los marchantes más allá del 30 de septiembre”. Para García, “la situación de estos sectores sigue siendo muy complicada y, por ello, el Ayuntamiento debe prorrogar estas exenciones hasta el 31 de diciembre como mínimo”. Por último, Cs reclamará “el uso de mascarillas transparentes homologadas por parte de todos los trabajadores que tengan contacto con el público”. “Las mascarillas opacas impiden que las personas sordas puedan comunicarse y la administración debe ser accesible para todos y con igualdad de condiciones”, ha finalizado.